Demandan organismos privados impedir ocupación ilegal de viviendas vía Infonavit

Varias organizaciones empresariales firmaron un documento en el cual expresan su oposición a la propuesta anunciada por el director del Infonavit, sobre la regularización de viviendas invadidas mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra, a precios 

subsidiados. 

Para el sector privado, la medida contradice el mandato legal del Instituto y amenaza con 

institucionalizar la ilegalidad, poniendo en riesgo los ahorros de millones de trabajadores que aportan a este fondo.

Recuerdan que el Infonavit fue creado para proteger el patrimonio de los trabajadores, no para avalar ocupaciones irregulares ni convertir en beneficiarios a quienes han tomado inmuebles que no les pertenecen. 

De las 168 mil viviendas censadas hasta el momento por la Secretaría del Bienestar, de un universo total de 843 mil con una inversión de 700 millones de pesos, el 86% de estas, en su mayoría, están habitadas por personas sin ningún vínculo jurídico con el Instituto ni con los legítimos propietarios. 

Para las organizaciones empresariales, pretender que estos ocupantes puedan adquirir los inmuebles, por debajo de su valor real, representa un grave precedente.

Señalan que durante su conferencia del miércoles 18 de junio, la Presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada por la prensa sobre la propuesta del Infonavit para entregar viviendas invadidas de y reconocen la respuesta de la Presidenta, quien afirmó que “la propiedad privada está resguardada” y que no se trata de “quitarle una vivienda a quien le pertenece”, aclarando que no debe haber “malas interpretaciones” al respecto.

Sin embargo, los empresarios estiman que es necesario que esta posición se traduzca en acciones concretas del Instituto y no se permita avanzar con esquemas que, en los hechos, podrían institucionalizar la ocupación irregular de viviendas, pues la certidumbre jurídica no puede depender de interpretaciones posteriores, sino de políticas claras, legales y plenamente alineadas con el interés de los trabajadores y el marco constitucional.

En el texto firmado por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, Confederación Patronal de la República Mexicana, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A. C. y  el Consejo Nacional Empresarial Turístico, se indica que desde 2015, el Infonavit enfrenta una crisis de gestión: el índice de morosidad se disparó del 7.8% en 2018 a más del 18% en 2024, y si se consideran los créditos segregados, el deterioro de la cartera crediticia asciende al 32%.

Uno de cada 3 financiamientos otorgados presenta incumplimientos de pago, y en lugar de regularizar créditos vencidos en beneficio del patrimonio del acreditado, se impulsa una estrategia que agrava el problema y compromete el futuro financiero del Instituto.

Subrayan que la administración anterior ya había instruido que no se procediera con desalojos a acreditados con pagos vencidos. Ahora, se pretende extender ese criterio a invasores, incluso cuando las viviendas no son propiedad del Infonavit sino que siguen formando parte del patrimonio de acreditados que han cumplido con sus obligaciones o tienen alguna situación pendiente con el pago de su crédito.

Esto representa una vulneración directa al derecho de propiedad y mina la certeza jurídica en nuestro país, y añaden las empresas que el Instituto, no tiene atribuciones legales para otorgar créditos, rentas ni escrituras a personas que no son derechohabientes.