Por despedirlos "ilegal" e "injustificadamente, inspectores generales de varios departamentos federales de Estados Unidos presentaron una demanda contra el Gobierno del presidente Donald Trump."
El republicano despidió en su primera semana al frente del gobierno a por lo menos 17 de esos trabajadores, cuya función es fiscalizar el correcto funcionamiento del Ejecutivo.
De ellos, 8 inspectores que trabajaban en los departamentos de Defensa, Asuntos de Veteranos, Salud, de Estado, Agricultura, Educación, Trabajo y de la Administración de Pequeñas Empresas aseguran que sus despidos fueron una "violación de los estatutos federales" que están para protegerles "de este tipo de interferencias".
En la querella, presentada ante el tribunal federal del Distrito de Columbia, los trabajadores piden que se anule su despido, e Insisten en que no se ha proporcionado al Congreso un "aviso de 30 días ni razones sustanciales", hasta que, en su caso, el presidente "los destituya legalmente".
Exponen además que los demandados, en este caso el presidente convicto y los nuevos secretarios de las agencias, no puedan tomar medidas que les impidan a los inspectores hacer su trabajo, así como "todos los pagos atrasados y beneficios adeudados como resultado de su destitución ilegal supuesta".
Desde que se supo lo de estos despidos, legisladores demócratas, como Chuck Schumer, líder de la minoría del Senado, indicaban que podría tratarse de "una violación de las leyes federales".
Schumer sostuvo que "se espera que los inspectores generales sean independientes de la presión política, independientes del jefe de la agencia, y que se aseguren de qué ley se cumple y el dinero se gaste adecuadamente, y no debería haber ninguna presión política contra su trabajo".
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