Cuestiona ministra de la Corte acuerdo del INE sobre difusión de proceso de elección judicial

Loretta Ortiz, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aspirante en la elección del Poder Judicial

Para la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aspirante a un sitio en dicho órgano en la elección del Poder Judicial de junio próximo, Loretta Ortiz, el acuerdo del Instituto Nacional Electoral que restringe la difusión del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial es “ridículo”, pues al ser un proceso histórico, dijo, “se le debe dar una difusión amplia, robusta y plural”.

Argumenta que “al estar frente a un proceso de esta naturaleza y por tratarse de un mecanismo de elección nunca antes implementado para la renovación del Poder Judicial resulta contraproducente y hasta ridículo que su difusión quede limitada exclusivamente al INE”.

Ortiz quien ya tiene la ventaja de ser ampliamente conocida contra sus eventuales competidores porque hoy día es ministra de la Corte, explicó que el que sea un proceso extraordinario justifica que diversas instituciones públicas contribuyan en su difusión, pues “el conocimiento constituye un requisito indispensable para garantizar tanto el derecho a ser votadas de las personas quienes ostentamos una candidatura, como el derecho al voto informado de la ciudadanía”.

Asimismo, sostuvo que la restricción es “irrazonable” dado que los propios Poderes de la Unión han participado activamente en etapas previas de este proceso.

Dice que “por un lado, se facultó a los Poderes de la Unión para participar en la postulación de candidaturas y, por otro, se les impide difundir información sobre el proceso mismo. En un sistema democrático lo más congruente sería que apegados a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad pudieran informar a la ciudadanía sobre las características, etapas y particularidades de la elección”.

En este sentido, la candidata advirtió que esta restricción generaría, además, situaciones jurídicamente inaceptables como impedir que las universidades públicas, en ejercicio de su autonomía y función académica, realicen foros informativos neutros sobre el proceso electoral judicial y las candidaturas; o que las propias instituciones judiciales federales y locales informen a la ciudadanía sobre la importancia de su participación en la elección, entre otros.

Dice también que "con esta decisión por parte del Instituto Electoral el avance en el reconocimiento de los derechos de acceso a la información y de participación ciudadana informada sufre una regresión inaceptable".

'Están privando a la ciudadanía de fuentes confiables, que les hablen sobre la estructura de las boletas, los criterios de votación, sobre las fechas clave del proceso y sobre todo de las funciones de los cargos judiciales sujetos a elección”, según Loretta Ortiz.

Por todo ello, sostuvo, la Sala Superior debe proteger los derechos de las personas electoras y candidatas y, en consecuencia, revocar el acuerdo del INE.