Críticas de Coparmex a reelección en el Senado de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH

La Confederación Patronal de la República Mexicana, lamentó que el proceso se elección de titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se haya enfocado en intereses políticos y no en garantizar la idoneidad de quienes lideran la defensa se los derechos humanos.

Para la patronal, la designación de Rosario Piedra Ibarra dejó fuera a candidatas y candidatos con amplia trayectoria y reconocimiento en la materia, un aspecto fundamental que exige y merece la

ciudadanía.

Señala que desde su creación, la CNDH fue concebida como un organismo autónomo con el mandato de defender y vigilar los derechos humanos en México, y que la pasada gestión evidenció una preocupante cercanía con el poder, comprometió la independencia del organismo y dejó a miles de personas en situación de vulnerabilidad.

A su juicio, la falta de avances en el cumplimiento de los compromisos internacionales es evidente: el Examen Periódico Universal realizado por la ONU en 2024 indicó que México cuenta con más de 320 recomendaciones sin atender.

Advierte que, la decisión de reelección de Piedra Ibarra, pese a estos antecedentes, representa un grave retroceso, y que preocupa que se haya ignorado a las organizaciones civiles y la voz de la sociedad en este proceso.

Añade que al privilegiarse un perfil cuestionado y con evidentes deficiencias en el cumplimiento de su mandato, se desestima la valiosa labor de las asociaciones civiles que trabajan incansablemente en la protección de los derechos de todas las personas.

Agrega Coparmex que el Senado menosprecia las opiniones y propuestas de la sociedad civil, afectando la confianza en el organismo y en el propio proceso legislativo , para un puesto que demanda un liderazgo que privilegie la objetividad y la independencia sobre los intereses partidistas y cercanía con el poder.

El comunicado de Coparmex finaliza haciendo un llamado enérgico a que la presidenta reelecta de la CNDH dedique su mandato a la defensa de los derechos humanos de forma imparcial y profesional, y que su trabajo esté enfocado en el servicio a la ciudadanía y no en el cumplimiento de lineamientos políticos.