
El Gobierno de México dio a conocer que, como parte del seguimiento al congelamiento de saldos y mensualidades a 2 millones de créditos por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se detectó que, en 2012, se implementó una estrategia mediante la cual, despachos legales interpusieron juicios masivos en contra de 373 mil derechohabientes, que derivaron en que 249 mil perdieran su vivienda.
Durante su conferencia matutina, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que se continúan presentando denuncias ante Fiscalía para encontrar a los responsables de fraudes cometidos contra derechohabientes del Infonavit en gobiernos anteriores a los de la Cuarta Transformación.
El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que la estrategia de los juicios masivos consistió en que los despachos legales no notificaron a los acreditados; se incluyeron a personas que no tenían problemas de pago; y se demandó a las y los trabajadores en estados que no correspondían a su residencia, principalmente en Coahuila, Jalisco, Nayarit, Baja California, la Ciudad de México y Morelos, en perjuicio de 373 mil derechohabientes sin que el Comité de auditoría ni en la Comisión de Vigilancia del Infonavit se realizara alguna acción en su defensa.
Precisó que “el 80%: es decir 302 mil 373 derechohabientes, fueron demandados en otros estados; sólo 71 mil fueron demandados en su propia entidad”.
Como resultado, de los demandados, 249 mil perdieron su vivienda: 207 mil no han podido ser escrituradas a favor del Infonavit por irregularidades en el proceso y 42 mil fueron vendidas en subastas masivas, además de que 22 mil 386 acreditados que fueron afectados por los juicios masivos, están al corriente en sus pagos.
Pese a las irregularidades de los despachos legales, Romero Oropeza precisó que el Infonavit les pagó durante 8 años, 29 mil 263 millones de pesos, cantidad mayor a lo que se ha destinado a algunos programas sociales e incluso mayor al presupuesto anual del Infonavit, de alrededor de 17 mil millones de pesos.
Expuso que entre los principales despachos involucrados en los juicios masivos se encuentran GABSSA, a quien se le pagaron más de 2 mil millones de pesos, así como ACSER, despacho que, a través de la gestión de un dirigente sindical del Infonavit, recibió un pago de 103 millones de pesos para desalojar de manera corrupta e irregular a los trabajadores de sus viviendas.
"No tenemos constancia de cuántos expedientes se le entregaron a estos despachos, no tenemos constancia de que nos los hayan devuelto”, puntualizó el titular del Infonavit.
Informó que, pese a que en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se instruyó al Infonavit para detener los juicios masivos, se detectó que 9 despachos simularon juicios individuales
en la Ciudad de México a través del juzgado 60 Civil, intentado afectar a 63 mil 444 derechohabientes y siguiendo la misma estrategia de juicios masivos, por lo que, de las judicializaciones admitidas, el 96% correspondían a créditos de trabajadoras y trabajadores en Puebla; Estado de México; Tamaulipas, Sonora, entre otros estados y sólo en 4% eran de la capital.
“En esta administración, en noviembre del 2024, alcanzamos a detener este proceso evitando afectarse a más de 63 mil familias, lo que no quita la intención y toda documentación que tenemos con relación a lo que pretendían hacer estos despachos”.
Agregó que, por instrucciones de la Presidenta de México se resarcirá el daño a los derechohabientes que fueron afectados por el esquema de juicios masivos y reiteró que se continuará con las denuncias penales a los responsables de los despachos involucrados, así como a notarios y funcionarios del Poder Judicial de las entidades involucradas.
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