La ofensiva del gobierno de Estados Unidos que cada vez se parece más al estado policiaco alemán de casi casi 9 décadas, no cesa.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra la ciudad de Chicago y el estado de Illinois, a quienes acusa de dificultar las labores de las autoridades de migración.
La demanda fue presentada en una corte federal en Illinois, y llama a los jueces que revoquen y califiquen de inconstitucionales, disposiciones a niveles estatal y local que protegen a la población indocumentada de la deportación.
Se trata de la primera medida que la Administración del convicto Donald Trump, toma en contra de un gobierno local, y después de que el republicano advirtiera que iría tras las alcaldías y estados que no colaboraran con sus políticas anti migrantes que amdmazam a más de 11 millones de personas.
Según el Departamento de Justicia, una ley estatal, una del condado Cook y otra de la ciudad de Chicago, prohíben a las autoridades locales colaborar con agentes de migración y limitan la información que comparten sobre la población migrante con el gobierno federal.
Se trata de lineamientos conocidos como leyes de "ciudad santuario", vigentes en varias de las principales ciudades del país incluyendo Nueva York o Los Ángeles, criticadas por republicanos y el presidente. Según la demanda, esas normas "están diseñadas para interferir y de hecho interfieren y discriminan contra la potestad del Gobierno federal para hacer cumplir la ley migratoria" de Estados Unidos.
Abogados de la Casa Blanca insisten en que "muchos" de los migrantes indocumentados que están en el país presentan una "amenaza contra la seguridad nacional".
Sostienen que "algunos de estos extranjeros encuentran un lugar seguro en las llamadas ciudades santuario, donde viven y trabajan junto a estadounidenses inocentes, que luego podrían convertirse en víctimas de sus crímenes".
Hasta donde se sabe no eran migrantes no el joven que atento contra Trump en Pennsylvania, ni el exmarine que estalló un vehículo a las afueras de un hotel del presidente convicto en Las Vegas.
El gobierno califica a las personas indocumentadas como "criminales" y ha promovido una narrativa "xenófoba".
Las medidas de los gobiernos "santuario" han sido defendidas por los gobiernos locales y organizaciones asegurando que fortalecen la relación entre la policía local y comunidades migrantes, permitiendo que las personas denuncien crímenes o colaboren con las autoridades sin miedo a ser deportadas.
Diversos estudios, incluyendo una investigación de la Universidad de Stanford que analiza datos desde la década de los 60, reflejan que los migrantes tienen menos probabilidades de cometer crímenes o ser condenados por un crimen que personas nacidas en Estados Unidos.
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