Un informe realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la represión del gobierno peruano a las movilizaciones sociales derivadas de la detención y encarcelamiento del presidente Pedro Castillo, concluye que el Ejército y la policía habrían cometido masacres, ejecuciones extrajudiciales, graves violaciones de los derechos humanos, y uso desproporcionado y letal de la fuerza durante las protestas.
Las movilizaciones exigían la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y del Congreso, y el reporte de la CIDH indicó que las violaciones se dieron en especial en Ayacucho y Juliaca, donde se produjo la mayor cantidad de muertos durante las protestas entre diciembre y febrero pasados.
Boluarte y el Congreso tienen poca aceptación, y según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos publicado en el diario La República, 79% desaprueba a Boluarte, y 90% rechaza al Congreso.
La Comisión dijo por ejemplo que el 15 de diciembre en Ayacucho, en las acciones “perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”.
Efectivos del Ejército dispararon contra manifestantes que intentaban ingresar al aeropuerto de Ayacucho, con un saldo de 10 civiles muertos "por proyectiles de arma de fuego en órganos vitales del cuerpo, según las necropsias".
La CIDH señala que recibió testimonios que indican que también hubo disparos del Ejército fuera del aeropuerto “ya no en un operativo de defensa sino de carácter persecutorio... que impactaron a transeúntes, adolescentes, así como a personas que huían de los enfrentamientos o que auxiliaban a heridos”.
Asimismo, indicó que el 9 de enero en la ciudad de Juliaca murieron 18 civiles “en circunstancias que podrían ser caracterizadas como una masacre”, ya que “todos murieron a causa de disparos de balas, perdigones y objetos contundentes que impactaron en la cabeza, cara, ojos, tórax y/o abdomen de las víctimas”.
Las protestas, “han sido protagonizadas, en su mayoría, por pueblos indígenas y comunidades campesinas”, principalmente del sur, y en especial en Apurímac, Ayacucho, Puno y Arequipa, donde hubo más muertos.
El informe indicó que en la base de la protestas “hay justas reivindicaciones de comunidades campesinas y pueblos indígenas, como el acceso a derechos en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de discriminación, así como mayor representación política”.
La CIDH también percibió una “fuerte tensión entre Lima y las regiones especialmente del sur del país donde predomina la población indígena y campesina”, y añadió que existe “una fuerte estigmatización por factores étnicos-raciales y regionales".
La CIDH pidió que las violaciones reportadas en el informe sean investigadas por fiscalías especializadas en derechos humanos, y señalo que deben ser juzgadas por jueces independientes, competentes e imparciales dentro de un plazo razonable y con observancia de las garantías del debido proceso.
A ver si no se declara también non grata a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Perú
Comments