Condenan patrones e iglesia católica asesinato de edil de Uruapan: exigen restablecer seguridad en el país

La Confederación Patronal de la República Mexicana y sus 71 Centros Empresariales, condenaron enérgicamente el asesinato del Presidente Municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, hecho que representa una grave afrenta al Estado de Derecho y a la paz social que demandan los mexicanos.

Los empresarios expresaron su más sentido pésame y su solidaridad con su familia, los habitantes de Uruapan y las personas que viven con temor ante la creciente violencia que afecta a distintas regiones del país.

Por ello, exigen a las autoridades federales, estatales y municipales una investigación inmediata, profesional y transparente, que permita esclarecer los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia, señalando que la impunidad no puede seguir siendo una constante en los crímenes contra servidores públicos, empresarios, periodistas y ciudadanos.

Garantizar la seguridad y el orden es una responsabilidad indeclinable del Estado mexicano, y su cumplimiento es indispensable para preservar la gobernabilidad y la confianza en las instituciones.

Reiteran el llamado a construir una estrategia nacional de seguridad integral, coordinada y con enfoque preventivo, que recupere los espacios públicos, fortalezca las policías locales y asegure la protección de la vida y el patrimonio de todos los mexicanos, e indican que los hechos en Michoacán evidencian la urgencia de redoblar esfuerzos en todos los niveles de gobierno para restablecer la paz y asegurar que ningún ciudadano viva bajo amenaza de la violencia.

Así, demandan una reunión inmediata del sector productivo y asociaciones civiles con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, con el gobernador del estado y el gabinete de seguridad, para que expliquen qué está ocurriendo, qué acciones se están implementando y qué resultados esperan alcanzar.

Agregan que, en las últimas semanas se han registrado diversos hechos violentos en Michoacán y en el resto del país que han cobrado la vida de líderes sociales y representantes del sector productivo, lo que refleja la gravedad de la crisis de seguridad en la nación. 

Pie si parte, la Conferencia del Episcopado Mexicano también condenó el asesinato de Carlos Manzo, que *abiertamente desafió el estado violentado que se vivía en su municipio y se suma a una serie de asesinatos de personas que se han atrevido a levantar la voz y enfrentar la falta de Estado de Derecho en sus tierras, comercios y otros espacios". 

La iglesia católica mexicana señala que "hoy ya no basta aprehender al asesino: hay que combatir con determinación la causa de todos estos asesinatos".

Dice en un comunicado que la presencia ordinaria de grupos armados, que controlan la vida pública de los ciudadanos en varias regiones del país, es el verdadero crimen a enfrentar; los retenes en carreteras, el despojo de tierras, las amenazas constantes a los productores, comerciantes y gobernantes, reflejan un grave debilitamiento del orden constitucional que los gobiernos, a nivel municipal, estatal y federal están obligados a garantizar.

Agrega que como Iglesia sacerdotes, religiosas y agentes de pastoral, aun en medio de contextos marcados por la violencia, permanecen fieles a su misión de acompañar a las comunidades y abrir caminos de esperanza, al tiempo que llaman a todos los mexicanos que están provocando esta violencia fratricida a detenerla y respetar la vida de todos.

Así mismo, exige a las autoridades combatir con determinación e inteligencia el verdadero crimen, que no es solamente la trágica e indignante muerte de un comerciante o un alcalde, como fueron Bernardo Bravo y Carlos Manzo, sino la vida amenazada de miles de ciudadanos que día con día ven ultrajadas sus libertades al trasladarse y desarrollar sus actividades comerciales y recreativas.