Comisión Independiente denuncia crímenes de guerra y deportaciones forzadas rusas en Ucrania

El gobierno de Rusia no tendría autoridad alguna para condenar a Israel Naciones Unidas por sus crímenes contra la población de Gaza...aunque se las pasa hablando de paz.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania presentó el lunes un informe según el cual fuerzas rusas habrían usado sistemáticamente drones para atacar a civiles en el sur de Ucrania.

En su informe, expertos de la comisión señalan que los ataques, que se extienden a lo largo de más de 300 kilómetros del río Dniéper, constituirían crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, al haber sido cometidos con el propósito de sembrar el terror y forzar desplazamientos masivos.

El documento indica que los ataques con drones se concentran en las provincias de Kherson, Dnipropetrovsk y Mykolaiv, en la margen derecha del Dniéper, zona controlada por Ucrania.

Las investigaciones revelan que vehículos no tripulados rusos han golpeado viviendas, hospitales, escuelas, mercados, puntos de distribución humanitaria y estructuras críticas como subestaciones eléctricas y torres de comunicación. Los drones también habrían atacado a brigadas médicas, bomberos y equipos de reparación, ignorando la protección que otorga el derecho internacional humanitario a estos servicios y personal.

De acuerdo con datos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, los ataques, que comenzaron hace más de un año, se intensificaron en 2025, convirtiéndose en la principal causa de víctimas civiles cerca del frente. Desde julio de 2024, más de 200 civiles han muerto y unos 2 mil han sido heridos en dichas agresiones. Además, cerca de 3 mil viviendas han sido destruidas total o parcialmente.

La comisión identifica a unidades rusas que operan desde la margen izquierda del Dniéper, bajo control de Moscú. Los drones utilizados, muchos de ellos de fabricación rusa y modificados a partir de modelos comerciales chinos, están equipados con cámaras de transmisión en vivo, lo que mostraría la intención de los atacantes.

Las consecuencias para la población son devastadoras. El informe describe localidades enteras como inhabitables a causa de incendios, destrucción masiva y una atmósfera de miedo permanente. El trauma psicológico, la pérdida de hogares y la interrupción de servicios esenciales han obligado a miles de personas a huir.

La comisión también denuncia el uso del terror para el desplazamiento forzado, lo que equivaldría a crimen de lesa humanidad. El informe argumenta que los ataques no sólo buscaban destruir, sino vaciar las zonas controladas por Ucrania mediante el miedo sistemático.

También documenta deportaciones y traslados forzosos de civiles desde las áreas ocupadas de Zaporizhzhia, donde las autoridades rusas habrían detenido, interrogado y expulsado a hombres y mujeres acusados de actuar contra Rusia. Desde 2024, muchas personas fueron deportadas a Georgia, tras ser privadas de sus documentos y sometidas a malos tratos. Estas prácticas habrían sido realizadas de forma coordinada entre autoridades militares y civiles rusas, y constituirían crímenes de guerra.

La Comisión subraya que los ataques con drones, las deportaciones y los traslados forzosos forman parte de una política estatal sistemática, destinada a consolidar el control ruso sobre los territorios ocupados y a castigar a quienes se niegan a aceptar la ocupación.

El informe insta a Rusia a cesar de inmediato los ataques contra civiles y a poner fin a las deportaciones, y pide a Ucrania a brindar asistencia médica, psicológica y humanitaria a las víctimas. Además, exhorta a la comunidad internacional a apoyar los mecanismos de rendición de cuentas y la atención a los desplazados.

La Comisión subraya que estos actos violan el derecho internacional humanitario y podrían ser juzgados por la Corte Penal Internacional