El Congreso peruano que determinó la vacancia del expresidente Pedro Castillo, quiere mantener sus privilegios, y se rechazó la reforma constitucional que establece elecciones generales 2023.
Los legisladores peruanos se niegan a disolverse cómo Congreso, y con 49 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones, rechazaron este viernes el proyecto de reforma constitucional para el adelanto de elecciones.
Este Congreso es el peor evaluado entre la población de entre los 3 poderes constitucionales, y menos de 2 de cada 10 peruanos confían en él.
Además de adelantar la jornada electoral para diciembre de 2023, la iniciativa modificaba la duración del mandato presidencial, así como de los legisladores que actualmente están en el cargo.
La decisión del Congreso de no disolverse se produce horas después de que al expresidente Pedro Castillo le fueran dictados 18 meses de prisión preventiva por el delito de rebelión, esto luego de que tratara de disolver el Congreso. Al exmandatario sí se le aplica la ley.
Ayer, el juez supremo Juan Carlos Checkley dictó la resolución del Poder Judicial de Perú y de leer los argumentos en contra de Castillo, quien se encuentra detenido desde el pasado 7 de diciembre.
La Dirección Regional de Salud del departamento peruano de Ayacucho confirmó la muerte de 8 personas en en las protestas sociales detonadas por la destitución de Pedro Castillo.
"El Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres de la Diresa, Red Huamanga y Hospital Regional de Ayacucho reporta 52 heridos y 8 fallecidos a consecuencia de los enfrentamientos que se registraron ayer 15 de diciembre en diversos puntos de la ciudad", indicó esa entidad en un comunicado.
Las víctimas habrían resultado de enfrentamientos ciudadanos con miembros de la Policía y el Ejército, y aunque no hay reporte oficial, ya suman una 20 de fallecidos desde el inicio de las manifestaciones en favor de Pedro Castillo.
La Diresa de Ayacucho señaló que los 410 establecimientos de salud de la jurisdicción se encuentran en Alerta Roja, "a fin de garantizar la presencia del personal, la disposición de insumos médicos y la atención oportuna de los pacientes".
La Defensoría del Pueblo de Perú exhortó a la Policía y Ejército a que hagan uso legal de la fuerza al momento de controlar las protestas sociales que sacuden el país.
"Exigimos que el uso de la fuerza se realice en estricto cumplimiento de los parámetros establecidos en las normas vigentes y los estándares en materia de derechos humanos", indicó el ente en un comunicado.
Agregó que "las autoridades policiales y militares deben garantizar que el personal a su cargo tenga la experiencia, entrenamiento y capacidades suficientes para participar en el control de manifestaciones sin incurrir en abusos que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas".
La ciudad peruana de Ayacucho, en el departamento homónimo, es escenario este viernes de enfrentamientos en las inmediaciones del aeropuerto, en el segundo día consecutivo de incidentes violentos en el sitio.
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