CIDH advierte posibles afectaciones frente a la aprobación de la reforma judicial

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su "grave preocupación" por la aprobación del proyecto de reforma constitucional al Poder Judicial en México, y advierte sobre posibles impactos en el derecho de acceso a la justicia, garantías de independencia judicial y vigencia del Estado de Derecho.

Algo que desde hace muchos años no conocemos los mexicanos con el sistema vigente.

La Comisión reconoce la importancia de una reforma que fortalezca el sistema judicial en México y dice en un comunicado que viene dando seguimiento al proceso legislativo sobre la reforma judicial, r emitida por el Ejecutivo al Congreso de la Unión el 5 de febrero y aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de septiembre y  por el Senado de la República el 11 de septiembre.

Asegura esta Comisión Interamericana que persisten desafíos en el acceso a la justicia en México que se traducen en altos niveles de impunidad y corrupción, como lo ha resaltado en los informes anuales de los últimos lustros. Sin embargo, una reforma constitucional de esta envergadura debe conducirse en el marco de un diálogo amplio, informado y participativo y que active, de buena fe,  mecanismos institucionales de participación ciudadana.

Expone que, en todo caso, una reforma comprehensiva del sistema judicial debería abarcar a otras instituciones encargadas de la impartición de justicia, como es la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales y las defensorías públicas.

Mas aún, el organismo interamericano afirma que el uso de  jueces son rostro ha sido declarado contrario a la Convención Americana por los órganos del sistema interamericano, y que  la integración del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial que podría comprometer su independencia, así como sobre la falta de garantías del debido proceso en el régimen disciplinario.

Apunta que, si bien el Estado informó sobre una serie de diálogos nacionales para garantizar la participación ciudadana en la reforma que ocurrieron entre el 21 de febrero y el 18 de abril de 2024, la CIDH observa que la celerida d en su tramitación está impidiendo considerar efectivamente las críticas de un sector de la ciudadanía, tal como lo demuestran las manifestaciones de las últimas semanas. 

En este mismo contexto, preocupa las descalificaciones públicas contra personas juzgadoras con motivo de sus opiniones por parte de las autoridades que están impulsando la reforma.

La Comisión insta a las autoridades del Estado a asegurar que toda reforma judicial se realice de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares interamericanos sobre independencia judicial y acceso a la justicia, y que responda a las necesidades de justicia expedita y efectiva para su población, sin discriminación. 

Mientras tanto, los ministros paristas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación van a terminar con vacaciones pagadas de 2 semanas con cargo a los bolsillos de todos los mexicanos, y anuncian que regresarán a trabajar el martes venidero.