Bolivia es otro país que sí enjuicia a expresidentes que violan ley

Lo que no ocurre en países con leyes presuntamente más avanzadas, donde los presidentes o jefes del Gobierno evaden la acción de la justicia si los tiempos políticos así lo demandan, hay otras naciones donde la justicia parece funcionar mucho mejor sin tanto espectáculo mediático.

El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia sentenció al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada a 6 años y 3 meses de prisión, como responsable del llamado caso 'Petrocontratos', por el que fue llevado al banquillo de los acusados por la aprobación de contratos petroleros sin aval del Poder Legislativo.

El expresidente no se va solo a prisión, ha que también fueron condenados, a 5 años de cárcel, los exministros Jorge Joaquín Berindoague Alcocer y Carlos Alberto Contreras del Solar, además del exviceministro Carlos Alberto López Quiroga.

De acuerdo con la Procuraduría General del Estado, todos fueron juzgados "por delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica". 

La sanción pena se cumplirá en el Centro Penitenciario San Pedro de Chonchocoro de La Paz; y, aunado a la condena a prisión, se les inhabilitó por el mismo tiempo para el ejercicio de cargos públicos y se le impuso el pago de "multas y costas" a favor del Estado.

El proceso se realizó en ausencia de los acusados, declarados rebeldes, y en el caso de Sánchez de Lozada, quien tiene 94 años, vive en Estados Unidos.

La denuncia se presentó hace casi 20 años, y Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), se le señala por no haber remitido al Legislativo al menos 107 contratos con petroleras extranjeras para su respectivo análisis y aprobación, como lo determinaba la normativa legal vigente en su momento. Esos acuerdos de exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos no fueron beneficiosos para el Estado.

En su cuenta en X el actual presidente de Bolivia, Luis Arce dijo que "la sentencia representa un mensaje contundente de la Justicia boliviana: no habrá impunidad para quienes atenten contra nuestra soberanía, intereses, patrimonio y recursos naturales, que son de propiedad indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano".

Agregó que "se hizo justicia" y con esto "se sienta un precedente muy importante" respecto a los recursos naturales de Bolivia y "su administración en función al interés colectivo".

El Gobierno boliviano ha pedido la extradición del exmandatario, pero Estados Unidos, quien no la ha concedido.