Baja México en índice de lucha contra la corrupción, en América Latina


México ha sido mal calificado en el último reporte sobre corrupción del Consejo de las Américas e incluso, perdió un puesto, presumiblemente por los efectos negativos que ha tenido el intento del gobierno de interferir en asuntos legislativos y judiciales.


De acuerdo con el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, presentado anualmente por el Consejo en donde son evaluados 15 países de la región latinoamericana por su eficacia para combatir la corrupción, México se ubica en la posición 12 y supera apenas a Guatemala, Bolivia y Venezuela.


Señala el trabajo las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Judicial y a instituciones públicas independientes como el Instituto Nacional Electoral, además de sus declaraciones en el sentido de querer eliminar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.


Para el Consejo, ello afectaría los esfuerzos institucionales para combatir la corrupción, y va más lejos al precisar que hay organismos anticorrupción en México usados para obtener beneficios personales o cuentan con nombramientos basados en motivos políticos, según el informe.


Alejandra Soto, de Control Risks, consultora especializada en riesgos globales que realiza el índice junto al Consejo de las Américas, destaca que “hay este discurso anticorrupción de López Obrador que es positivo. El problema es cuando este discurso no se traduce en las herramientas, los mecanismos y en el presupuesto para combatir la corrupción”.


Dice además que “este discurso cotidiano en contra de los otros poderes, y a favor de la agenda presidencial, sin debate alguno, se traduce en un desgaste de contrapesos democráticos".


El índice toma en consideración variables como la independencia de las instituciones judiciales o recursos disponibles para combatir delitos cometidos por empresarios o funcionarios de gobierno, y explica que las fuerzas armadas en México, que no están sujetas al mismo escrutinio que los organismos civiles, “participan cada vez más en importantes proyectos de infraestructura”.


Menciona además que López Obrador aumentó sus críticas hacia organizaciones de la sociedad civil y la prensa en medio de revelaciones de supuestos conflictos de intereses y corrupción que involucran a familiares suyos y aliados.


Soto agregó que 80% de los contratos del gobierno federal son por adjudicación directa en lugar de por licitación, que identificaría más fácilmente la corrupción.


Uruguay y Costa Rica están a la cabeza de la tabla, seguidos de Chile, Perú, República Dominicana, Argentina, Panamá, Colombia y Ecuador

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