Avanzan Ministras y Ministros electos en Plan de Trabajo y preparan ceremonias del 1º de septiembre

Cada vez faltan menos días para la renovación del poder Judicial en México, y en un comunicado, Ministras y Ministros electos reportan que sostuvieron su tercera reunión de trabajo, acompañados por sus respectivos equipos técnicos, con el objetivo de avanzar en la elaboración del Plan de Trabajo y definir los actos que se desarrollarán el próximo 1 de septiembre de 2025 para la instalación y toma de posesión de la Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Como se ha anunciado, el 1 de septiembre se realizarán 3 eventos: La toma de protesta ante el Senado de la República para lo cual han sido convocados a las 19:30 hrs; la sesión solemne de instalación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se espera tenga lugar a las 22:00 hrs, después de la ceremonia de protesta ante el Senado; y la ceremonia tradicional de entrega de bastones de mando a las 16:00 hrs.

Por otro lado, dialogaron aspectos relevantes de las medidas que van a adoptar para hacer frente a la carga de trabajo que recibirán el 1 de septiembre; entre otros, la distribución de asuntos entre los nuevos ministros, la integración de sus equipos, el rediseño de la Secretaría General de Acuerdos por la desaparición de las Salas y la normatividad interna para lograr sesiones ágiles, eficientes y sustantivas, todo ello, mediante la emisión de Acuerdos Generales como lo mandata la Constitución Federal.

Se acordó atender con prontitud los asuntos fiscales y penales para resolverlos dentro del plazo establecido por la Constitución.

En otro aspecto, se acordó iniciar el diálogo para definir los perfiles y propuestas de personas que podrán integrar el Órgano de Administración Judicial, con miras a tomar la decisión en las primeras sesiones del mes de septiembre pues es indispensable que dicho órgano entre en funciones a la brevedad posible.

Las Ministras y Ministros electos continúan trabajando para garantizar que desde el 1 de septiembre se tengan las condiciones normativas e institucionales para atender todos los asuntos de la Suprema Corte en beneficio de toda la sociedad.