Atribuyen ONG's tragedia de Chiapas a política migratoria del gobierno


La tragedia ocurrida en Chiapas dónde 55 migrantes fallecieron en un accidente carretero, deja nuevamente en claro que, el anonimato y las condiciones en las que las personas migrantes se ven forzadas a transitar, son mortales y consecuencia de políticas migratorias fallidas.


En un documento firmado por decenas de organizaciones de la sociedad civil

de auxilio a migrantes, recuerdan que medios de comunicación han indicado que las personas migrantes viajaban hacinadas en la caja del transporte de carga, cuyo chofer perdió el control debido al exceso de velocidad y huyó.


Denuncian que la muerte de estas personas se suma a las violaciones que de los últimos años contra la población migrante en el contexto de pandemia. La

militarización de fronteras y rutas, así como falta de acceso a procedimientos de asilo y regularización migratoria, obligan a las personas migrantes a arriesgar sus vidas e integridad en un tránsito cada vez más peligroso.


Las organizaciones firmantes dicen que han denunciado que el endurecimiento de políticas migratorias y la externalización de las fronteras, derivaría en un aumento de delitos y violaciones a derechos humanos contra la población migrante, solicitante de asilo y refugiada en México.


Recuerdan también que el gobierno mexicano aceptó volver a implementar el programa Quédate en México, lo que implica que solicitantes de asilo en Estados Unidos permanecerán en nuestro país mientras dura el procedimiento, violando su derecho a

estar en el país que consideran seguro, y exponiendo a las personas a múltiples factores de riesgo y vulnerabilidad frente al crimen organizado.


Aseguran que la manera de proceder del gobierno mexicano en este tipo de casos, es “apagando el fuego”, sin buscar las causas de fondo: mostrando en estos momentos su voluntad, pero dejando a las familias de las víctimas sin acceso a medidas de asistencia, sin verdad, justicia y reparación.


Las organizaciones firmantes llaman a las autoridades para que las personas heridas reciban atención médica inmediata, se regularice su situación migratoria y se permita a sus familiares, y los de quienes fallecieron, ingresar al país para el proceso de identificación de restos, acompañamiento, y saber que sucedió.


Piden además que los procesos de identificación y restitución de restos se hagan de manera digna y humana, que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas represente dignamente a las familias de las víctimas, garantizando que el Estado respete los derechos establecidos en las leyes correspondientes, así como encargarse de gastos funerarios y otros que requieran las familias para dar sepultura a las víctimas según sus costumbres.


Más aún, que se investiguen los hechos, estableciendo circunstancias y responsabilidades, haciendo partícipes a las familias de los procesos de verdad, justicia y reparación, y acceso a justicia mediante mecanismos transnacionales, si las víctimas directas e indirectas se encuentran fuera del país.


Finalmente, exigen que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pida medidas a las autoridades responsables, para que se garantice lo solicitado y vigile que no se violen derechos humanos, que la Procuraduría de Protección a la Infancia intervenga en los casos que involucren niñas, niños y adolescentes, y que la Secretaría de Relaciones Exteriores garantice coordinación con los países de origen.



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