El exgobernador chihuahuense Javier Corral hizo referencia esta mañana en su cuenta de X sobre lo ocurrido anoche en un restaurante de la colonia Roma donde se presentaron agentes de la Fiscalía de Chihuahua para detenerlo, y dijo que procederá legalmente contra el gobierno de esa entidad.
Corral Jurado informó hoy que ha presentado una denuncia en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, del titular de la Fiscalía Anticorrupción estatal, Luis Abelardo Valenzuela Holguin y/o quién o quienes resulten responsables por haber ordenado y ejecutado conductas posiblemente constitutivas de los delitos de Abuso de Autoridad, Privación Ilegal de la Libertad en grado de tentativa y lo que resulte.
Menciona en su mensaje que las autoridades del Estado de Chihuahua buscaron detenerlo artera y arbitrariamente, fuera de todo cauce legal, pues no contaban con la autorización prevista por la fracción V de la Disposición Décimo Segunda del Convenio de Colaboración celebrado entre las fiscalías del país.
Expone además que, en virtud de que cualquier detención por autoridades ajenas a la Ciudad de México sin la autorización correspondiente es una privación ilegal de la libertad, y para interrumpir la comisión de los delitos en mi contra que estaba teniendo lugar, personal de la Fiscalía de la Ciudad de México intervino para salvaguardar mi integridad física, libertad y derechos. Reconozco el actuar conforme a Derecho de las autoridades de esta Ciudad.
El exmandatario estatal y próximo legislador agrega que no ha cometido delito alguno y así lo demostraría si se me permitiera defenderme en libertad, como es mi derecho, y si en Chihuahua las instituciones del sistema de justicia no estuvieran cooptadas por la gobernadora, quien a su vez se encuentra sometida bajo control y chantaje de César Duarte Jáquez y Manlio Fabio Beltrones.
Consultado sobre esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó hoy que lo ocurrido es producto de una venganza y diferencia políticas con la actual mandataria de esa entidad, Maru Campos, que vienen de atrás, y forma parte de la política de alianzas del PAN y el PRI con otro exgobernador de Chihuahua, César Duarte.
Esta mañana, el responsable del despacho en la Fiscalía capitalina, Ulises Lara, se refirió a su intervención anoche para impedir el arresto de Corral, y dijo que recibió una llamada de parte del equipo de Corral Jurado donde le denunciaban que personas armadas que dijeron ser elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía Anticorrupción de aquel estado, ingresaron a un restaurante para privarlo de su libertad bajo el argumento del cumplimiento de una orden judicial.
Señala que decidió corroborar con el Jefe General de la Policía de Investigación de esta Fiscalía, si agentes nuestros acompañaban dicha diligencia, y que al recibir confirmación de que no se habían agotado y formalizado los trámites de colaboración correspondientes, acudió a lugar de los hechos, con la finalidad de corroborar la legalidad de dicha diligencia.
Al arribar, Lara afirma que confirmó que, sin la presencia de policías de Investigación de la Ciudad de México se buscaba llevar a cabo la diligencia, al amparo de un oficio interno de fecha 14 de agosto de 2024, mismo que no corresponde a una aceptación de la colaboración, ya que solo forma parte de las gestiones que esta Fiscalía de la Ciudad de México lleva a cabo para su atención, conforme a los plazos establecidos en la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos
Penales y los acuerdos de colaboración en la materia.
Por lo tanto, y por propia voluntad, Javier Corral decidió acompañarlo con la finalidad de aclarar su situación jurídica, a las oficinas de esta institución, de donde se retiró por propio pie, al no contar esta Fiscalía con algún documento o mandamiento judicial que ordenara su detención.
El encargado de despacho de la Fiscalía de la CDMX apunta que es fundamental reiterar que el personal ministerial del Estado de Chihuahua no contó en ningún momento con el oficio de colaboración que se requiere para llevar a cabo una diligencia fuera de su jurisdicción. Solo se trataba de un documento interno que bajo ninguna circunstancia les faculta a irrumpir en una entidad foránea y con ello violentar su soberanía, y mucho menos a cumplimentar un mandamiento judicial.
Añadió que las videograbaciones, que dolosamente fueron difundidas con la finalidad de generar desinformación y confusión, ninguna fue grabada ni exhibida por personal de la dependencia a su cargo, al tiempo que refrendó su respeto a las fiscalías y procuradurías del país, en este caso en particular a la Fiscalía General de Justicia del estado de Chihuahua
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