Las nuevas restricciones aprobadas por el gobierno de Italia implican que los ciudadanos de más de 50 años que no estén vacunados serán sancionados con 100 euros y quienes vayan a su empleo sin haber recibido la inoculación, se harán acreedores a una multa de 600 a 1.500 euros.
Más aún, aquellos que accedan a las tiendas sin presentar al menos una prueba anticovid deberán pagar hasta 1.000 euros, según las directivas avaladas por el Gobierno del país transalpino.
Las multas aparecen en el nuevo decreto ley del Consejo de Ministros, dadas a conocer en las últimas horas, y se incluyen multas de 100 euros a partir del 1 de febrero, a mayores de 50 no vacunados, impuestas por la Administración que revisará los datos del registro de vacunación.
Más aún, los empleados públicos y privados tendrán que mostrar desde el 15 de febrero su certificado sanitario reforzado, que se obtiene solo cuando se está vacunado o se ha pasado la enfermedad, para ingresar a sus trabajos. En caso de no tenerlo, recibirán sanciones de entre 600 y 1.500 euros.
El Gobierno extendió también la obligación de vacunación al personal universitario, equiparándolo al personal escolar que ya lo debe hacer desde mediados de diciembre, al igual que el personal sanitario y de seguridad, esto ante la nueva propagación del virus.
Los controles serán realizados por los patrones el caso de las empresas públicas y privadas, mientras que en los juzgados lo harán los responsables de seguridad, y en las universidades los directores del centro.
Quienes se ausenten de sus puestos de trabajo por no poseer el certificado de vacunación serán suspendidos sin paga alguna, pero no recibirán sanción, y podrán conservar su puesto hasta que estén vacunados, aunque la empresa, podrá sustituirlos después de 5 días
El decreto también impone restricciones como la obligatoriedad del pasaporte sanitario reforzado para los medios de transporte públicos a partir del 10 de enero, además de hoteles, ceremonias o festivales. hasta hoy, solo se pedía en centros de ocio y restaurantes.
Asimismo, a partir del 1 de febrero, el pasaporte básico, que incluye la posibilidad de una prueba anticovid, será obligatorio para acceder a tiendas que no sean de alimentación o farmacias, como son bancos, oficinas de correos y oficinas públicas. En caso de acceder a estos servicios sin el pasaporte, se impondrán sanciones de entre 400 a 1.000 euros.
