En una decisión calificada como histórica, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos dió a conocer un acuerdo apoyado por 136 países, sobre un impuesto de sociedades del 15% a nivel mundial para las multinacionales.
El acuerdo entrará en vigor a partir de 2023, y será analizado a finales de octubre en el seno de la reunión del G20 en dónde además se debatirán los pasos para aplicar lo pactado.
El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, explicó que con este acuerdo " se redistribuirá a países de todo el mundo más de 125 mil millones de dólares en beneficios de unas 100 de las multinacionales más grandes y rentables del mundo, que pagarán su justa parte de impuestos".
En su calidad de ente coordinador de las negociaciones, la OCDE precisa que "el acuerdo de hoy hará que las disposiciones fiscales internacionales sean más justas y funcionen mejor. Esta es una gran victoria para un multilateralismo eficaz y equilibrado".
El convenio es un éxito de negociación, si se considera que de los 140 países participantes de las pláticas, 136 avalaron el acuerdo, abarcando más del 90% del PIB mundial.
Irlanda, Hungría y Estoniase sumaron al acuerdo y Pakistán decidió salir. Además de la salida de Pakistán, siguen sin sumarse al actual consenso otros tres países que ya estaban fuera: Nigeria, Kenia y Sri Lanka.
Lo pactado tiene 2 partes esenciales:
Fija el volumen de beneficio residual de las empresas en cada uno de los países en los que opera la multinacional, después de que el país donde esté la sede haya recaudado el impuesto correspondiente al 10% de la rentabilidad. La cifra acordada fue del 25% de ese beneficio.
Esto se refiere a empresas con facturación mundial superior a los 20 mil millones de euros y rentabilidad superior al 10%, y el reparto de beneficios se realizaría entre países donde cada compañía tiene ingresos superiores a un millón de euros, y de 250 mil en pequeños estados.
Por otro lado, se establece ahora un impuesto de sociedades mínimo del 15%. En su anterior formulación, se preveía "al menos el 15%", lo que abría la puerta a que en el futuro se exigiera un porcentaje mayor. El cambio se interpreta como una flexibilización para atraer a los países más escépticos.
