Alerta Coparmex riesgos de ampliar delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa

Acostumbrada en los últimos pasos 6 años a cuestionar casi todo lo que huela a gobierno y a proponer poco, la Confederación Patronal de la República Mexicana manifiesta esta vez su

preocupación ante la propuesta de reforma al artículo 19 de la Constitución, que amplía el catálogo de delitos que ameritan Prisión Preventiva Oficiosa (PPO).

Los patrones señalan que la iniciativa dada a conocer el pasado 5 de febrero como parte de las propuestas del Presidente de la República, fue dictaminada y aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el 13 de agosto.

Entre las modificaciones aprobadas se incluye la adición de delitos como la defraudación fiscal y la extorsión, entre otros. Además, se incorporó una reserva presentada por el Diputado Leonel Godoy para aplicar la norma de manera literal, limitando la posibilidad de defensa y la evaluación de medidas cautelares alternativas.

Los empresarios, expresan en un comunicado su preocupación por el impacto potencial de esta reforma, y señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en noviembre de 2022, ordenó al Estado mexicano eliminar la PPO, argumentando que vulnera los derechos humanos y contradice el principio de presunción de inocencia.

En este contexto, la ampliación del catálogo de delitos sujetos a PPO representa un retroceso en la protección de derechos humanos, según los patrones

A su juicio, incluir el delito de defraudación fiscal en el catálogo de delitos sujetos a PPO puede resultar en un uso indebido de esta figura. Además, la adición de la norma a literalidad limita la posibilidad de interponer mecanismos de defensa, como el Juicio de Amparo, y restringe la capacidad del ministerio público y del juez para considerar medidas cautelares alternativas.

Asi, la Coparmex estima que la reforma no solo vulnera los derechos fundamentales de los

ciudadanos, sino que establece un precedente peligroso al ampliar el uso de la Prisión Preventiva Oficiosa, sin el debido análisis de cada caso concreto.

Por ello, dicen que están dispuestos a colaborar con las autoridades en la búsqueda de alternativas que respeten el debido proceso y la presunción de inocencia, principios esenciales en cualquier estado democrático, y señalan que convocarán a expertos en derecho penal y constitucional para realizar un análisis integral de la reforma, antes de la discusión en el Pleno.