Alerta Amnistía ataque de Trump a los derechos humanos: en peligro miles de millones de personas

Amnistía Internacional presentó su informe anual, sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, y afirma que la campaña del gobierno de Donald Trump contra el reconocimiento de derechos,está dando alas a tendencias nocivas ya presentes, poniendo en peligro a miles de millones de personas en todo el planeta.

De acuerdo con Callamard, en la evaluación de la situación en 150 países, este “efecto Trump” ha agravado el daño causado por otros dirigentes mundiales durante 2024, echando por tierra decenios de minucioso trabajo para construir y promover los derechos humanos universales para todas las personas y acelerando el hundimiento de la humanidad en una nueva era caracterizada por la mezcla de prácticas autoritarias y codicia empresarial.

Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, destacó que "año tras año, hemos advertido de los peligros del retroceso de los derechos humanos. Pero los sucesos de los últimos 12 meses, especialmente el genocidio de la población palestina en Gaza, retransmitido en directo pero ignorado, han puesto de manifiesto lo infernal que puede ser el mundo para tantas personas cuando los Estados más poderosos dejan de lado el derecho internacional.

Señala que los gobiernos y la sociedad civil deben trabajar urgentemente para llevar a la humanidad de vuelta a terreno seguro”, en esta encrucijada histórica, en la que leyes y prácticas autoritarias se multiplican por todo el mundo en interés de una pequeña minoría.

Adviete que, a menos que se logre dar un drástico giro a la situación mundial, la situación se deteriorará aún más en un turbulento 2025, al tiempo que menciona que "transcurridos 100 días de su segundo mandato, el presidente Trump sólo ha mostrado un total desprecio hacia los derechos humanos universales...animando aún más a otros dirigentes y movimientos contrarios al reconocimiento de derechos a unirse a su embestida”.

“Pero seamos claros: este mal es mucho más profundo que las acciones del presidente Trump. Desde hace años, hemos presenciado la insidiosa propagación de prácticas autoritarias entre Estados de todo el mundo, fomentadas por aspirantes y dirigentes en ejercicio que actúan deliberadamente como motores de destrucción, denuncia la titular de Amnistía Internacional.

Apunta que la proliferación de leyes, políticas y prácticas autoritarias dirigidas contra la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica que Amnistía Internacional documentó en 2024 fue un elemento fundamental del retroceso global de los derechos humanos. Gobiernos de todo el mundo trataron de eludir la rendición de cuentas, afianzar su poder e infundir miedo prohibiendo medios de comunicación, disolviendo o suspendiendo ONG y partidos políticos, encarcelando por cargos infundados de “terrorismo” o “extremismo” a quienes los criticaban, y criminalizando a defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas por el clima, personas que se manifestaban en solidaridad con Gaza y otras voces discrepantes.

Peor aún, las fuerzas de seguridad de varios países utilizaron detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas y, a menudo, fuerza excesiva, en ocasiones letal, para reprimir la desobediencia civil.

La ONG comenta que a pesar de la creciente oposición de Estados poderosos, agravada este año por las vergonzosas sanciones del gobierno de Trump contra el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), la justicia internacional y los órganos multilaterales han seguido presionando para que se rindan cuentas al más alto nivel, y ha habido gobiernos del Sur Global que han liderado importantes iniciativas.

La CPI dictó órdenes de detención contra altos cargos estatales y dirigentes de grupos armados de Israel, Gaza, Libia, Myanmar y Rusia. La ONU dio un importante paso para negociar un tratado, sumamente necesario, sobre los crímenes de lesa humanidad, y Filipinas hizo otro tanto al detener el mes pasado al expresidente Rodrigo Duterte en aplicación de una orden de la CPI por el crimen de lesa humanidad de asesinato.

Recordó que la Corte Internacional de Justicia dictó medidas cautelares en la causa que Sudáfrica presentó contra Israel en virtud de la Convención sobre el Genocidio, y emitió una opinión consultiva en la que declaraba que la ocupación israelí de territorio palestino, incluida Jerusalén Oriental, es ilícita. La Asamblea General de la ONU también aprobó una resolución en la que pedía que Israel pusiera fin a su ocupación, y en enero de 2025, un grupo de 8 Estados del Sur Global formaron el Grupo de La Haya, un colectivo comprometido con impedir las transferencias de armas a Israel y hacer que este país rinda cuentas por las violaciones del derecho internacional que ha cometido.

Mientras tanto, los grupos de mujeres que buscan a seres queridos desaparecidos en México y Colombia sufrieron todo tipo de amenazas y ataques.

“Este año, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, anunció la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, simultáneamente, el Estado mexicano por fin abrió el diálogo con las colectivas que buscan a las personas desaparecidas en México. Era un paso ya impostergable para el tratamiento del problema”, declaró Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, sección mexicana.

“Las autoridades deben estar abiertas a escuchar las propuestas y experiencias de las buscadoras para que de los encuentros surjan políticas que permitan abordar el problema de manera integral en sus diferentes aristas, como la prevención, investigación, impartición de justicia, verdad, memoria y reparación integral del daño.

“El Estado mexicano tiene el deber de garantizar la seguridad de las personas buscadoras. Al 24 de abril de 2025 habían sido asesinada 29 de ellas. Es urgente realizar investigaciones profesionales y apegadas a los más altos estándares internacionales para que estos asesinatos no queden impunes. Pero también es indispensable que el Estado asuma la responsabilidad de proteger a las miles de mujeres que siguen buscando a sus familiares desaparecidos.