Los abogados del príncipe Enrique, informaron este viernes que el hijo menor de Diana de Gales y Carlos III va a recibir una "indemnización sustancial adicional" por parte del Mirror Group Newspapers (MGN) por demandas pendientes en el caso de las escuchas ilegales.
Según el abogado David Sherborne, que representa a Enrique, este llegó ya a un acuerdo financiero con el grupo editorial, luego de una audiencia celebrada ante el Tribunal Superior de Londres.
El representante legal del príncipe dijo que MGN indemnizará a su cliente por daños y asumirá los costos derivados de la demanda; algo así como 468 mil euros.
En un comunicado, un portavoz del MGN dijo que "nos complace haber alcanzado este acuerdo, que proporciona a nuestro negocio una mayor claridad para poder pasar página de los eventos que ocurrieron hace muchos años y por los que nos hemos disculpado".
Un Tribunal Superior de Londres había fallado a mediados de diciembre a favor de Enrique, condenando a MGN a pagarle 140 mil libras por el pirateo de información para la publicación de 15 artículos. Sivre otros 115 artículos de prensa la Justicia aún no se pronunciaba.
A su vez, Enrique declaró en un comunicado que "nadie está sobre la ley”, y en el texto leído por Sherborne, el príncipe destacó el "cambio positivo" que la resolución del caso traerá.
Apuntó que "como ya dije en diciembre, nuestra misión continúa. Creo en el cambio positivo que esto nos traerá a todos. Es el verdadero motivo por el que empecé esto, y por lo que continuaré hasta el final".
De paso, cuestionó al conocido periodista Piers Morgan, exdirector del Mirror, por sus "continuos ataques" hacia él, y llamó a las autoridades a que hagan prevalecer la ley y demuestren que nadie está por encima de ella. Esto incluye a Morgan, que como director sabía perfectamente bien lo que estaba pasando, como ha considerado el juez".
Enrique vive en Estados Unidos con su esposa, Meghan, y sus 2 hijos, e inició ese proceso legal contra el dueño de los tabloides Sunday Mirror, Daily Mirror y Sunday People, acusándolo de haber utilizado prácticas dudosas como espiar teléfonos y contratar detectives para obtener información y vender periódicos.
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