Se les van a desbordar las cárceles a las autoridades peruanas.
Luego de más de 5 meses de protestas por la destitución y encarcelamiento del presidente Pedro Castillo, los poderes en Perú intentan frenar las manifestaciones de inconformidad de la población, y para evitar el uso brutal de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, el llamado Tribunal Supremo del Perú emitió un fallo en el que decide que la protesta ciudadana es un delito aunque sea pacífica.
Los encargados de aplicar justicia en el país andino justifican su fallo porque dicen que la protesta ciudadana no está reconocida en la Constitución ni en ninguna otra normativa legal, sentencia que fue dada a conocer la prensa local, y en la que la Sala Penal de la Corte Suprema afirma que la única protesta legítima es la huelga de hambre, además de la huelga laboral.
Para impedir cualquier inconformidad de la población y ante la falta de disposición del gobierno para atender las demandas ciudadanas, los magistrados deciden que otro tipo de manifestación, aunque sea pacífica, "que afecte derechos de terceros o el sistema económico, degrada y deslegitima irremediablemente la protesta y se convierte en un delito".
El veredicto afirma incluso que bloquear carreteras o vías en las protestas será un agravante del delito.
"Si los ciudadanos estiman que no son suficientes sus reclamos, o que, en todo caso, no existe recepción de parte de las autoridades, o que los espacios de diálogo son ineficaces o inexistentes, están autorizados a acrecentar la vehemencia de dichos reclamos, siempre que ello repercuta en la esfera personal de derechos del protestante (huelga laboral o huelga de hambre) y no transgreda derechos fundamentales de terceros ajenos al conflicto social", dice el polémico fallo.
De inmediato, organizaciones no gubernamentales reaccionaron a esta arbitrariedad del poder judicial, y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos dijo que la sentencia "viola los estándares internacionales de protección del derecho a la protesta al equiparar bloqueo de carreteras con violencia" y recordó que "la protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas".
Aseguró además que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "ha señalado en reiteradas ocasiones que, en una democracia, las vías públicas son un espacio para el ejercicio de la libertad de expresión, y no solo un espacio de tránsito".
La sentencia se produce en momentos de tensión social ante la destitución y encarcelamiento en diciembre del entonces presidente Pedro Castillo y la negativa del gobierno interino de Dina Boluarte y los congresistas de convocar nuevas elecciones, hechos que derivaron en violentas protestas que dejaron como saldo la muerte de 70 personas, de las cuales, 49 fueron de civiles que perdieron la vida a manos de las fuerzas de seguridad pública.
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