Urgente que Venezuela asuma gravedad de su situación en Derechos Humanos, pide CIDH

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó a las autoridades venezolanas a asumir con urgencia lo que calificó como “grave” situación de derechos humanos y la crisis política, económica y social que atraviesa el país sudamericano.

A dar a conocer su tercer informe sobre Venezuela, la CIDH subrayó que este país “no puede continuar eludiendo indefinidamente sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos”, y señaló que Venezuela registra “un grave precedente” y “contradice seriamente los principios del derecho internacional” al no aceptar ni cumplir decisiones ni recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos pretextando que contravienen la soberanía nacional.

La Comisión, que mantiene a Venezuela desde 2002 entre las naciones del continente que requieren seguimiento especial, reiteró su solicitud de realizar su primera visita a Caracas desde ese año y se quejó de que las autoridades no han respondido a numerosas solicitudes.

Las 76 recomendaciones al régimen de Nicolás Maduro contenidas en el informe incluyen reconocer nuevamente la competencia de la Corte Interameticana que Caracas desconoce desde 2013, y revertir la decisión adoptada el año pasado de retirarse de la Organización de Estados Americanos.

Francisco Eguiguren, presidente de la Comisión, dijo en conferencia de prensa que “el centro de la preocupación de la CIDH es el pueblo venezolano, que está sufriendo las graves consecuencias de esta crisis en todos los niveles, con graves afectaciones a sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales”.

Junto al debilitamiento de la institucionalidad democrática causado principalmente por las injerencias de los poderes ejecutivo y judicial sobre el legislativo, la Comisión diagnosticó un patrón de represalias a la disidencia, un uso excesivo de armas de fuego contra manifestantes y severas restricciones al derecho a la libertad de expresión.

El informe condenó la militarización de la seguridad ciudadana ante un aumento importante de la violencia y la criminalidad, y además subrayó un índice de pobreza alarmante y un desabastecimiento generalizado de alimentos, medicamentos, tratamiento, material e insumos médicos.

El Estado venezolano dijo a la CIDH que rechaza el informe porque presenta una visión “altamente parcializada” y porque “se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial”.

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